La ministra de Familia del gobierno alemán, Lila Paus (Partido de los Verdes) ha propuesto restringir la libertad de expresión, la ayuda a las embarazadas en crisis y la actividad religiosa alrededor de los centros de aborto para impedir que las mujeres que están buscando un aborto puedan ser influenciadas por otras personas o perspectivas que no sean las de los propios negocios de aborto.

Der Spiegel informó que el ministerio de Justicia y el de Familia han acordado presentar esta iniciativa en el primer consejo de ministros y sería aprobada, si pasa el filtro parlamentario, en verano de 2024. Según esta ley, en casos especialmente graves los orantes (que Paus llama manifestantes) podrían ser castigados con multas de hasta 5.000 euros por infracción administrativa. El recurso a las infracciones administrativas en lugar de juicios penales es una tendencia creciente en gobiernos de tinte autoritario, ya que tiene más capacidad de disuadir al público.

Paus reacciona así de manera frontal contra la sentencia del Alto Tribunal Administrativo Alemán de junio pasado, que anulaba por inconstitucionales las prohibiciones y zonas de exclusión aplicadas por algunas autoridades locales (como Pforzheim, por ejemplo) en sus municipios alrededor de estas instalaciones. Este Tribunal sentenció que la libertad de expresión y religiosa no podía ser restringida en lugares, personas ni asuntos concretos, por ser éste un derecho fundamental defendido en la Constitución alemana.

La ministra del partido Verde no parece dispuesta a cumplir los tratados internacionales vinculantes (Declaración Universal de los Derechos Humanos ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) que defienden estos derechos fundamentales sin posibilidad de restricción.

Más de 100.000 alemanes son exterminados en el vientre de sus madres cada año. Pero la ministra alemana no ha mencionado nunca a estas víctimas en sus declaraciones. Su invisibilización deja patente su negación de las evidencias científicas o su desprecio por el ser humano en su etapa más vulnerable.

Su postura niega la ciencia y censura la información a las mujeres en peligro de aborto para que no puedan variar su decisión de acabar con la vida de su hijo. El gobierno, otros actores sociales y las empresas que se dedican al negocio del aborto se reservan el derecho de influir en estas mujeres tanto dentro de los centros como a través de los medios de comunicación y los sitios web, que ocultan o ignoran a la vida naciente e invitan a la población a no respetarla por cualquier razón de índole privado.

Paus llama a esta postura «buen asesoramiento». A la posibilidad de dejar vivir al bebé en gestación lo llama «odio e incitación».

Los partidarios del aborto no están dispuestos a permitir que otras perspectivas plurales se difundan, mucho menos en los momentos previos a la aniquilación del bebé por nacer. El derecho de expresar opiniones diferentes a las del gobierno o de la cultura dominante parecen tener límites mucho más restringidos que los que la democracia o los derechos fundamentales proclaman. Son habituales en cualquier otro ámbito (comenzar conversaciones u ofrecer información en la calle), pero jamás en lo que concierne al aborto.

Paus ha denominado a este ofrecimiento de ayuda o a la presencia de orantes «mentiras, acoso y angustia emocional» cuando no «discurso de odio», siguiendo la línea argumental del progresismo en otros asuntos de su agenda.

Tomislav Čunović, director de asuntos internacionales de 40 Dias por la Vida, es el abogado que ganó en los tribunales la anulación de las prohibiciones en Alemania. Declaró a Live Site News que las medidas anunciadas para esta nueva ley promovida por Lila Paus no son más que fuegos de artificio y guerra psicológica y mediática, ya que redundan en prohibiciones ya establecidas en otras leyes.

Čunović cree que el gobierno quiere hacer creer que está haciendo algo para contentar a su público, algo que también hizo la entonces ministra de Igualdad en España, Irene Montero cuando reformó el código penal para «prohibir el acoso a las mujeres embarazadas» al añadir en el texto legal elementos subjetivos y de difícil prueba. En España, la modificación del Código Penal no logró detener las vigilias de oración ya que no puede haber acoso ni coacción en la oración pacífica ni en el ofrecimiento de ayuda. En cambio, otra de las leyes de Montero causó la puesta en libertad de cientos de delincuentes sexuales por defectos en la redacción de la ley.